desarrollo de la productividad; y la segunda consiste en que independientemente del crecimiento, el sistema distributivo margine de los beneficios del progreso a los más o los haga partícipes en forma desigual. Al respecto, Paul Krugman advierte esta realidad en la economía contemporánea de la siguiente manera:

Actualmente hay un círculo vicioso en las economías ricas que se traslada a las más pobres: mientras el abismo que separa a los ricos del resto de la población crece, la política económica apoya los intereses de la elite, los servicios públicos para la mayoría de la población se quedan sin recursos, sobre todo en la educación pública. La política favorece cada vez más a los intereses de los muy ricos y se olvida de los intereses del resto de la población: las diferencias en los ingresos se hacen cada vez más abismales.

En este cuarto volumen de El Nuevo Milenio Mexicano, al que hemos designado Los Retos Sociales, incluimos diversos artículos sobre temas ligados lo que generalmente se conoce como política social. Iniciamos con un conjunto de trabajos en los que se aborda el estado actual de la desigualdad y la pobreza; proseguimos con el análisis de dos sectores económicos, íntimamente ligados con la pobreza ancestral y moderna, en donde imperan los círculos viciosos de las economías de subsistencia o más aún, donde prevalece la ausencia de intercambios o los mercados operan con demasiada imperfección. Se trata de la pobreza que se da en buena parte del campesinado o en amplias capas de su población indígena, o en los cinturones de miseria de nuestra desordenada urbanización, y que suele vivir del comercio en pequeño. En este mismo nivel se incluye un estudio sobre el impacto que tienen los incentivos públicos sobre la estructura formal e informal de la economía, donde se polemiza, desde una perspectiva diferente, sobre el mercado informal como defensa ante los excesos y distorsiones impuestas por el gobierno.

El libro continúa con los temas de educación por considerar que, si cumple con los requisitos de calidad y disponibilidad, puede ser un medio eficaz para lograr en el largo plazo la incorporación de los pobres al progreso del país; al tema educativo se liga el de la política de ciencia y tecnología, ya que hasta la fecha no ha sido posible, a todo lo largo del país y de sus grupos sociales, la adopción de tecnologías modernas y el desarrollo de una ciencia comprometida con la producción, lo que explica la baja productividad y la fragmentada naturaleza de la economía y la sociedad. El tercer tema que se aborda es el problema de la salud y la seguridad social, mismo que de no resolverse agregará a la pobreza existente una cuota de aumento que irá al ritmo del envejecimiento de la población. Es claro que si la incapacidad del sistema aumenta será imposible sostener a nuestra población mayor. Cerramos el libro y la colección con un ensayo sobre el agua, cuya falta de disponibilidad es indicador de marginación y pobreza extrema. Por otro lado, al agua, a pesar de su escasez, la seguimos tratando como si fuera un bien libre, y de la conciencia sobre su limitación dependerá en un futuro cercano el costo de la vida urbana.

Rodolfo de la Torre y Héctor Moreno, en su artículo sobre la distribución de la riqueza y el ingreso factorial en México, muestran que en materia distributiva el control de la inflación posibilita una mayor igualdad, pero el escaso crecimiento y las dificultades para generar empleo actúan en sentido contrario; descubren que entre 1992-2002 los resultados distributivos señalan la existencia de una ligera reducción de la desigualdad; que la inequidad se reduce en los periodos de contracción económica y que la expansión no ha tenido impactos favorables para todos. En efecto, hacia finales del siglo pasado, cuando prevalecieron las más altas tasas de crecimiento de su última década, el beneficio se concentró en los hogares más ricos. Asimismo, del análisis de la distribución de la riqueza física y financiera surge un panorama de desigualdad más alarmante que el detectado en el ingreso de los hogares, el ingreso factorial muestra tendencias de deterioro distributivo que otros tipos de ingreso ocultan. Los autores apuntan en el sentido de que la variable fundamental para disminuir la desigualdad es el capital humano, el cual no aparece tan desigualmente distribuido en términos de años de escolaridad, aunque sí en términos de los ingresos y ocupaciones a él asociados.

Adalberto García Rocha aborda el tema de la distribución desde la crítica a las políticas que se siguen para combatir la desigualdad y la pobreza. Sostiene que en la actualidad el objetivo orientado a su eliminación o reducción adquiere importancia porque afecta al crecimiento. Al evaluar algunos aspectos de las políticas contra la pobreza en México, les encuentra deficiencias, algunas conceptuales, otras prácticas. Muestra que esas políticas tienden hacia una estrategia menos dispersa y de mayor profundidad, y es por ello que vale la pena estudiar formas de acelerar esa convergencia para superar etapas. El autor propone crear un programa que resuelva de una vez el problema de la pobreza como un fenómeno relativo a la distribución del ingreso de los individuos, no del suministro de servicios públicos. Propone un sistema de transferencias que otorgue un ingreso básico a la población en un monto igual a la línea de pobreza alimentaria. Cierra su artículo sosteniendo que la utilidad teórica de su propuesta consiste en servir de referencia para evaluar la eficiencia de las políticas públicas existentes, aquilatando si los programas actuales son superiores o no a los resultados probables de la propuesta por él recomendada.

Por su parte, Rocío Rodríguez Garza analiza la eficiencia redistributiva de las transferencias orientadas a mitigar las desigualdades regionales. El artículo plantea que la descentralización del gasto federal hacia los estados no ha mitigado las diferencias regionales, y por lo tanto, los niveles de pobreza, medida bajo diferentes estándares. De acuerdo a la autora, la razón es que las transferencias no conllevan los incentivos para que los estados también aporten, de sus recursos propios, a los programas para paliar la miseria. Por el contrario, los incentivos son orientados a gastar más sin cuidar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos traspasados por la federación. El esquema seguido es perverso, pues provoca un desincentivo tanto para elevar los ingresos propios, como para restringir las erogaciones, ya que bajo este esquema los estados con niveles de gasto más elevados y la recaudación impositiva más baja son los que obtienen mayores recursos a través de transferencias.

En la segunda secuencia de artículos se abordan los problemas sectoriales en donde anida especialmente la pobreza. Así, dado el panorama rural actual, hoy, como en 1910, se puede decir que el campo sigue siendo el problema fundamental de México, a pesar de, o quizá debido a los tratados comerciales, las reformas estructurales emprendidas, así como del arribo de nueva tecnología. En este contexto Antonio Yúnez-Naude, Fernando Barceinas y Gabriela Soto, estudian el problema del campo en los albores del siglo XXI a la luz de la liberalización agrícola acordada entre México y los EUA. Los resultados de su trabajo ponen en duda la hipótesis de que el TLCAN implicó un fuerte cambio estructural en el campo, y exponen pruebas en el sentido de que este acuerdo favoreció la concentración y no el bienestar. La emigración rural creciente es el reflejo de que el sector rural mexicano continúa en un grave atraso. Los autores evalúan la política agropecuaria y rural del presidente Fox y reflexionan con desilusión respecto al futuro del campo mexicano.

Por su parte, Eugenio Carrión Rodríguez considera diversos aspectos que caracterizan al sector comercio en México. En su artículo presenta una visión general del comercio interior mexicano y, después, una selección de temas elegidos con base en su experiencia. Sus proposiciones se sustentan en material informativo de difusión escasa pero revelador de la problemática contemporánea del comercio. La exposición sumaria de los temas es un preámbulo para tratar algunos de los cambios estructurales del comercio. El autor señala que más que un análisis de fondo de estas transformaciones, su artículo presenta un inventario sucinto de la evolución comercial. Lo mismo puede decirse de los problemas y retos de la competitividad comercial, abordados en la sección final de su trabajo.

En el trabajo de Enrique Dávila encontrará el lector un enfoque diferente del asunto de la formalidad e informalidad del mercado. El autor considera la formalidad como el cumplimiento, por parte de un agente económico, de un conjunto de regulaciones impuestas por el Estado. Afortunadamente, señala, los individuos no son ni nunca han sido, súbditos obedientes de un Estado todopoderoso, listos para cumplir cualquier regulación que se les imponga, sino que evalúan los costos y beneficios de respetarla o no. Con base en esta proposición, la informalidad es analizada como el resultado de una decisión racional por parte de los agentes, y no como un fenómeno que ineludiblemente proviene de un problema estructural de falta de desarrollo del sector “moderno”. Los individuos responden a incentivos, positivos y negativos, para decidir si cumplen con “un conjunto de las regulaciones”. En su artículo, el autor se limita a bosquejar el análisis de algunas regulaciones de especial relevancia para el caso de México; a saber: en el ámbito laboral, el salario mínimo; en el ámbito tributario, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR); en el ámbito de la seguridad social, el aseguramiento médico y las pensiones de retiro.

Los siguientes tres artículos están, de forma directa o indirecta, vinculados con el sector educativo. Este sector es de gran relevancia en el mundo actual porque el capital humano se ha convertido en uno de los factores más importantes para el progreso de los países. Hoy por hoy, los indicadores cuantitativos ceden en importancia ante los indicadores de calidad, sobre todo a medida que la cobertura de la educación básica se acerca a cien por ciento. Para promover la calidad, se requiere saber en qué falla el sistema.

En este contexto, Carlos Ornelas escribe sobre el Instituto de Evaluación Educativa, sus promesas y sus deficiencias. Desarrolla un balance del mismo desde su creación el 8 de agosto de 2002. Señala el agravio que sufrieron quienes esperaban un instituto independiente del gobierno, un equivalente del IFE para la educación como había prometido el primer mandatario, de manera que sus evaluaciones fueran creíbles y ganaran la confianza de la ciudadanía. Entre las críticas que señala resaltan las siguientes: el INEE es encabezado por una Junta Directiva bajo la presidencia del secretario de Educación Pública y en ella están integrados sus subordinados directos, además del director general del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), así como otros altos funcionarios del gobierno: el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), un representante del secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces, se pregunta, ¿cómo pueden ser las evaluaciones independientes del poder cuando su principal órgano de gobierno está avasallado por autoridades y por el SNTE? La explicación más plausible, dice el autor, es la tendencia de la burocracia a mantener secretos, a ocultar a la ciudadanía los resultados del hacer gubernamental. Otras críticas muestran que desde su creación se definieron de manera ambigua los fines expresos del instituto, no se manifestó nada acerca de los medios para alcanzarlos, ni de las actividades concretas; por lo tanto a nadie asombra que a casi dos años de su creación no se sabe cómo es que se evaluará el desempeño de las escuelas.

Por su parte, Carlos Pallán y Elia Marúm argumentan que en los últimos 25 años las políticas de educación superior han tenido consistencia y continuidad; ellos describen, analizan y presentan los desafíos a los que se enfrenta este nivel educativo; al respecto señalan los autores que la calidad debe erigirse en el eje futuro del desarrollo de la educación superior, porque de no hacerlo, los esfuerzos por el crecimiento y mejoramiento de las instituciones resultarían infructuosos. Habrá que ampliar y diversificar la cobertura ya que la demanda tendrá un enorme crecimiento. Las instituciones de educación superior deberán adaptarse con mayor dinamismo a los requerimientos sociales, porque la calidad difícilmente podrá alcanzarse si no se logra instrumentar los cambios con la velocidad y ritmos que impone el contexto social. La educación superior deberá integrarse cada vez más como un auténtico sistema que interactúa con otros. Para esto será necesario que el financiamiento sea estable y exista certidumbre en su disponibilidad. Ello demanda la adopción de presupuestos multianuales. Los esquemas de rendición de cuentas deberán ampliarse y mejorarse. No sólo por lo que se refiere al destino de los recursos y el cumplimiento de programas y proyectos, sino también para que la noción de calidad, aceptada como guía para el quehacer de cada institución, pueda tener sustento y concreción en los resultados que rinda la administración de cada una de ellas.

Jordy Micheli y Rubén Oliver tratan el tema de la política de ciencia y tecnología en México. Analizan los alcances y novedades del marco legal emitido en 2002 en referencia al anterior. Destacan tres hechos: el que se haya creado en materia de presupuesto una partida especial, independiente, que contiene el gasto en ciencia y tecnología; el que la visión general se oriente a la atención de las necesidades del aparato productivo y que exista también una visión orientada al desarrollo regional. En contraste, sostienen que en materia de investigación-innovación vivimos la paradoja de estar avanzando hacia estructuras productivas más cercanas a la frontera técnica mundial y, al mismo tiempo, menos intensivas en el uso de conocimientos técnicos y servicios de ingeniería de origen local. Este es un escenario, argumentan, poco apto para los fines estratégicos de una política en ciencia y tecnología que se imbrique en un proceso de innovación y se oriente al desarrollo económico. En opinión de los autores, por primera vez en la historia existen las condiciones para que se abran nuevas estrategias que permitan colocar los escasos recursos y esfuerzos, en materia de ciencia y tecnología, en un contexto de innovación.

Los siguientes artículos tratan sobre la salud, y la equidad respecto del sistema de pensiones sociales. La importancia de esta temática en el ámbito nacional va más allá de lo meramente laboral y, para muchos, amenaza con destruir la solvencia financiera de todo el país. Raúl Molina y Carolina Carvajal abordan los problemas de financiamiento y equidad en los sistemas de salud. Sostienen que en un contexto de escaso crecimiento y desigualdad como el que priva en México, la situación de la salud dista mucho de encontrarse en un nivel adecuado; es peor que la que han logrado países como Costa Rica, Cuba o Chile. Sostienen los autores que a causa de las reformas a los sistemas de salud, orientadas en su mayoría a la reducción de la participación del Estado en el financiamiento de los servicios de salud, han aumentado la desigualdad y el deterioro del sistema, lo que redunda en una mayor concentración del ingreso y menores niveles de salud en la población. En contraste, en los países industrializados encontramos que la aplicación de los mecanismos de mercado no se ha llevado a cabo. En México, revelan, el financiamiento a la salud es básicamente privado, lo que condiciona la forma de acceso a la misma, ya que su consumo no se relaciona con las necesidades sino con la disponibilidad de ingreso. En consecuencia, con el tipo de políticas que se están implementando en el sector, será muy difícil alcanzar los objetivos de equidad planteados en el Programa Nacional de Salud 2001-2006. Para los países de América Latina y el Caribe, incluyendo México, debe ser claro que el objetivo de la ampliación de la cobertura y equidad en el acceso a la salud, no se puede lograr a través de un financiamiento que se sustenta en los mecanismos de mercado, en el cual la capacidad de acceso se sustenta en el ingreso familiar.

Gloria de la Luz Juárez analiza los dos principales sistemas de pensiones: el de capitalización que rige para los trabajadores de la iniciativa privada y el de reparto, hasta hoy vigente para los trabajadores del Estado. Se destacan las ventajas e inconvenientes, tanto para el momento actual como el futuro, que representarían estas modalidades para los trabajadores y para la población de jubilados. La autora explora las experiencias en otros países y muestra la inviabilidad de los regímenes de capitalización en el caso Chileno, referente obligado donde finalmente la población tendrá que recurrir a la pensión mínima garantizada por el Estado, en virtud de la insuficiencia de los recursos acumulados y las rentabilidades obtenidas.

Finalmente, esta colección cierra con un artículo que versa sobre un tema al que, pese a su importancia, se le ha prestado poca atención en las discusiones: el del agua. Podemos vivir sin electricidad, con un sistema de pensiones quebrado, con estancamiento y con inflación, podemos incluso vivir con una gran injusticia social, pero no podemos sobrevivir sin agua. En México, se discuten reformas estructurales, de esto y aquello. Pero pese al mal uso que hacemos del agua, sólo a unos cuantos les ha llamado la atención el plantearse desde la Academia el estudio del tema. La solución de los problemas pasa por su entendimiento. Esperamos que el artículo de Walter Butze y de Antonio Cárdenas mueva a los lectores a reflexionar más sobre el tema. ¿Qué mejor manera de terminar El Nuevo Milenio Mexicano que con un tema de semejante importancia?

 

Pascual García Alba Iduñate
Lucino Gutiérrez Herrera
Gabriela Torres Ramírez
Coordinadores de la Obra

 

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